Sin agua no hay vida. “El daño ambiental, junto con el cambio climático, están impulsando las crisis relacionadas con el agua que vemos en todo el mundo. Las inundaciones, la sequía y la contaminación del agua empeoran con la degradación de la vegetación, el suelo, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos nuestros ecosistemas, hacemos más difícil proporcionar a todos el agua limpia que necesitamos para sobrevivir y prosperar”, nos recuerda Naciones Unidas. De ahí que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible emplace a la comunidad internacional a aplicar medidas de gestión sostenible, de ahorro, de saneamiento y de reutilización, de este recurso esencial.

El agua es imprescindible para la vida, y el uso que hacemos de ella debe adecuarse a las nuevas realidades que están modificando las condiciones de vida en el Planeta: el cambio climático, la explosión demográfica mundial… En el caso de nuestro país, especialmente vulnerable a los impactos de un clima que se va tornando cada vez más seco, se está produciendo una creciente presión sobre los recursos hídricos de todo el territorio, provocando una severa merma del agua disponible tanto en cantidad como en calidad, lo que puede conllevar graves déficits ecológicos, generadores a su vez de desequilibrios territoriales y desigualdades sociales.

El PSOE reitera su convencimiento de que es indispensable reorientar la actual política de agua mediante una transición hidrológica hacia modelos de gestión y planificación con capacidad resiliente, territorialmente equilibradores, y solidarios en clave intergeneracional. El agua es un bien público que no puede ser abandonado al albur de los intereses del mercado. Por eso, porque se trata de un Derecho Humano, el Estado está obligado a blindar constitucionalmente el carácter de bien público del agua, y a garantizar el acceso al mismo impidiendo situaciones de exclusión social.

La nueva política del agua debe sustentarse en la protección de su ciclo natural, en la transparencia en su gestión, y en la participación activa de la ciudadanía, mediante un gran Acuerdo de País que incorpore al conjunto de la sociedad en su consecución.